Se realizó la 12º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas

Argentina discute sus políticas de drogas

 

Con cerca de quinientos asistentes y la participación de funcionarios públicos, académicos y especialistas, organizaciones de la sociedad civil y activistas, culminó la 12° Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas en el Salón Azul del Senado de la Nación ubicado en al Ciudad de Bs As, organizada por la Asociación Civil Intercambios por décimo segundo año consecutivo. Hubo expositores de Brasil y Uruguay. El 3 y 4 de septiembre se realiza la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas en San José, Costa Rica, con Intercambios AC como uno de los principales organizadores.

 

El debate desarrollado en los distintos paneles coincidió en la necesidad de entender al usuario de drogas como un sujeto de derechos y cambiar la perspectiva punitiva y criminalizante por una socio-sanitaria. Especialistas y funcionarios remarcaron el fracaso de la ley de desfederalización, que aumentó la persecución de las tenencias, según argumentaron.

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(Buenos Aires, 17/07/14) La presidenta de Intercambios AC Graciela Touzé expresó en la apertura de la 12º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas “después de que el Senado aprobara en mayo la Ley de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos esperamos que se fortalezcan los avances producidos por la Ley Nacional de Salud Mental, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con el Fallo Arriola y las orientaciones del Ministerio de Educación de la Nación en materia de prevención”. Sin embargo, mostró su preocupación por “la adhesión de algunas provincias al régimen de desfederalización, cuyos resultados en Buenos Aires y Córdoba alertan sobre esta estrategia que mayormente se ha aplicado como un instrumento para continuar criminalizando a la población en situación más vulnerable”. “También nos preocupan iniciativas como los Tribunales de Tratamiento de Drogas que empezaron a funcionar en la provincia de Salta porque hacen prevalecer la intervención penal y entran así en contradicción con otras políticas públicas ya mencionadas”, enfatizó.

Por su parte, Carlos Jacomet, Subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia de las Adicciones (SEDRONAR) resaltó “la importancia de que todas las responsabilidades de persecución al narcotráfico hayan pasado al Ministerio de Seguridad de la Nación y SEDRONAR se aboque solo a la prevención, capacitación y asistencia”, y en este sentido expresó: “La cuestión de la drogadicción nace de la exclusión, no sólo debemos observar al sujeto sino a las situaciones anteriores de las que ha sido objeto. Tenemos una responsabilidad desde el Estado ante esto”.

A su vez, el Fiscal Titular a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Félix Crous, expresó que “el paradigma represivo puso al usuario en un lugar satanizado. Nuestro esfuerzo es darle un lugar respetuoso y ver si es verdad que nos preocupan las personas, o sostener un sistema hipertrofiado que no se ocupa del impacto que tiene en la salud pública”.

La representante de la Defensoría General de la Nación Marina Soberano, hizo hincapié en “el fracaso de la visión criminalizante y las respuestas punitivas respecto al problema de las drogas y la necesidad de modificar la actual ley de estupefacientes” y remarcó: “el desafío del siglo XXI no es normativo sino que la gente pueda acceder a los derechos económicos, sociales y culturales”.

Luego de la apertura, se desarrollaron 3 paneles:

Dispositivos e Instituciones. Actuales desafíos en la intervención, ¿Cómo desentrañar los significados de demandas subjetivas y colectivas, a veces contradictorias? ¿Cómo habilitar diálogos entre la teoría, el contexto, lo institucional y lo subjetivo? ¿Qué dispositivos pueden aportar legitimidad y validez a las intervenciones? ¿Es posible pensar en procesos de transformación institucional? fueron preguntas que motorizaron el debate.

Violencia urbana, seguridad y drogas. Un título que contiene términos que remiten a fenómenos complejos y como tales, su resolución requiere un gran debate serio y responsable, con la participación de todos los sectores de la sociedad. ¿Qué decisiones y acciones pueden tomarse para responder a estos fenómenos sin agravar los niveles de violencia? ¿Qué respuestas se han implementado hasta la fecha y con qué resultados? ¿Cómo intervenir para reducir atmósferas de temor creciente? fueron preguntas que sivieron para abordar la complejidad del fenómeno.

Políticas de drogas y Derechos Humanos. Panorama en la Región Latinoamericana. La aprobación el pasado 5 de junio, durante la Asamblea General de la OEA, de la resolución sobre promoción de los derechos humanos en el desarrollo de las políticas de drogas, ha corroborado que Latinoamérica se halla a la cabeza del debate internacional en este tema. ¿Cuáles son las brechas y los puntos de encuentro entre los principios declarados en los foros internacionales y las prácticas estatales? ¿Qué recomendaciones concretas pueden proponerse para mejorar las políticas públicas?

Ana María Cortes,  Directora de Cooperación Nacional e Internacional, (SEDRONAR), señaló que “Argentina está promoviendo en distintos ámbitos multilaterales un enfoque equilibrado y multidimensional que aborde integralmente el consumo problemático de drogas y aporte a la reducción de la oferta y la demanda”.“Es necesario un paradigma de inclusión social que promueva el proyecto de vida de cada sujeto, y trabajar en políticas de desestigmatización; es un tema de salud social, no solo sanitario sino comunitario”. Por último, destacó la iniciativa de “un observatorio regional acorde a la realidad de Latinoamérica; necesitamos datos propios para diseñar estrategias conjuntas”.

En tanto, Alejandro Corda, Abogado e Investigador de Intercambios AC presentó el libro “Personas que usan estupefacientes en Argentina. De “delincuentes-enfermos” a sujetos de derechos”, en el cual muestra claramente “las consecuencias de la criminalización, de la respuesta penal: criminalización de usuarios, aumento de la población carcelaria con población en especial estado de vulnerabilidad.  En Argentina el 38% son causas por tenencias de consumo, es decir son causas de usuarios. Es importante revisar la acción de las agencias penales, especialmente la policía”.

Corda además hizo hincapié en la situación de las mujeres, considerando que “el aumento de la población de mujeres en cárceles federales aumentó un 217 %, y el hecho de que se haya tenido a la respuesta penal en primer término, tiene como efecto que se haya desestimado el ocuparse de otras respuestas, sin ir más lejos se gasta lo mismo en perseguir usuarios que en prevención y asistencia, con lo cual si se dejara de perseguir a consumidores de drogas se podría duplicar la inversión en prevención y asistencia”.

El brasilero Pedro Abramovaydirector del Programa Latinoamericano y Director Regional para Latinoamérica y el Caribe de la Fundación Open Society afirmó: “Tenemos dos generaciones de personas que crecieron en el paradigma de la persecución de las drogas, y esto explica porqué en la actualidad tanta gente está en contra de que continúe el mismo modelo represivo de guerra contra las drogas, porque están claros sus pésimos resultados”,

A su turno, Laura Blanco, presidenta de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, presentó la mirada de la sociedad civil sobre la ley de regulación de la marihuana sancionada en 2013 y que aún está en proceso de implementación. La activista destacó el proceso que llevó a lograr una normativa única en América Latina desde que en 2005 comenzaron algunos una campaña de des-estigmatización del usuario de drogas hasta lograr en 2010 su tratamiento en la Comisión de Adicciones del Parlamento, de un proyecto que por entonces no les convencía. En 2011 manifestaron a la Suprema Corte de Justicia “no más presos por plantar” y promovieron un proyecto de ley de cultivo doméstico y de legalización de los clubes sociales de cannabis.

“No pretendíamos aumentar la demanda ni hacer dinero, sino sacar de la ilegalidad al cannabis. Los cuatro partidos políticos tenían representantes a favor y también el 75% de la población apoyaba mostró una encuesta. Nuestros ejes de difusión fueron: calidad y reducción de daños. Que el gobierno pueda testear la calidad del cannabis que se consume, y que la población sepa que la prohibición aumenta las malas prácticas”, concluyó Blanco.

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Adrian Pietryszyn

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